El 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de terminar la Guerra Civil, trece mujeres jóvenes fueron fusiladas contra la tapia del cementerio del Este de Madrid, hoy La Almudena. Nueve de ellas eran menores de edad. La más joven tenía dieciocho años. Se las conoce como las Trece Rosas, y su historia se mantuvo en silencio durante casi medio siglo.
Lo más difícil de asimilar de todo el caso no es la condena. Es que la mayoría de ellas ya estaban encarceladas cuando ocurrió el atentado del que se las acusó.
Quiénes eran las Trece Rosas
No eran combatientes ni dirigentes políticas. Eran chicas de barrio: modistas en su mayoría, alguna estudiante, alguna sastra, una pianista. La mayor tenía veintinueve años; la más joven, dieciocho.
Casi todas habían militado en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) durante la guerra, y algunas siguieron vinculadas a la organización clandestina en Madrid tras la entrada de las tropas franquistas. Fueron detenidas a lo largo de la primavera de 1939 y encerradas en la prisión de Ventas, un penal construido para unas quinientas presas donde llegaron a hacinarse varios miles.
Sus nombres no se conocieron públicamente hasta los años noventa: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente.
El atentado que precipitó todo
El 27 de julio de 1939, el comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón fue asesinado en un atentado en la carretera de Extremadura, cerca de Talavera de la Reina. Con él murieron su hija, de dieciséis años, y su chófer.
Gabaldón no era un mando cualquiera: dirigía el archivo de masonería y comunismo, el fichero que alimentaba de documentación a los fiscales militares en los consejos de guerra contra los partidarios de la República. El régimen interpretó su muerte como un desafío directo y decidió responder de forma ejemplarizante.
Todo apuntaba a que el ataque había sido obra de antiguos soldados republicanos o de huidos. Pero la investigación se orientó hacia una supuesta gran red clandestina de las JSU en Madrid, y sobre esa hipótesis se construyó el caso.
Un juicio de unas horas
El 3 de agosto de 1939 se celebró un consejo de guerra sumarísimo, a puerta cerrada. Sesenta y siete acusados. La vista duró unas horas.
Se dictaron sesenta y cinco penas de muerte. La acusación fue «adhesión a la rebelión», una fórmula que en aquellos consejos permitía condenar por militancia, por reparto de propaganda o por vínculos con la organización.
El detalle que ninguna crónica puede esquivar es este: buena parte de las condenadas llevaba meses detenida cuando se produjo el atentado. Materialmente no podían haber participado en él.
La minoría de edad tampoco sirvió de nada. En 1939 la mayoría de edad para las mujeres estaba fijada en los veintitrés años, de modo que nueve de las trece eran legalmente menores. La legislación aplicada permitía exigir responsabilidades a partir de los catorce.
La última noche
Al amanecer del 5 de agosto fueron trasladadas en camión desde Ventas hasta el cementerio del Este. Junto a ellas fueron fusilados cuarenta y tres hombres jóvenes —conocidos después como los Cuarenta y Tres Claveles—, entre ellos un chico de catorce años.
Sus compañeras de prisión recordaron durante años que, camino del paredón, las oyeron cantar.
La noche anterior escribieron a sus familias. De aquellas cartas salió la frase que ha acabado definiendo el caso entero. Julia Conesa, de diecinueve años, pidió que su nombre no se borrara de la historia.
El silencio y la memoria
Durante casi cuarenta años esos nombres no se pudieron pronunciar en voz alta. Las familias enterraron las cartas, callaron los apellidos y educaron a los hijos sin contarles quién había en la fotografía.
La recuperación llegó tarde. Fue a partir de los años noventa cuando investigaciones periodísticas e históricas —entre ellas el trabajo de Carlos Fonseca— reconstruyeron el caso, identificaron a las trece y devolvieron sus nombres al espacio público. Hoy una placa las recuerda en el muro del cementerio del Este.
Julia Conesa pidió una sola cosa. Tardó medio siglo en conseguirla.
Por qué la historia de las Trece Rosas sigue importando
Más allá de cualquier lectura política, lo que queda de las Trece Rosas es un caso judicial documentado en el que trece personas fueron ejecutadas sin garantías, sin defensa efectiva y por hechos que en muchos casos no habrían podido cometer. Los sumarios existen. Los nombres existen. Las cartas existen.
Contar sus historias no es tomar partido en nada: es negarse a que un expediente sustituya a trece vidas. Como tantas otras mujeres que la historia olvidó, no las borró el tiempo, sino el silencio de quienes decidieron que era mejor no nombrarlas.
La historia de las Trece Rosas no es un panfleto: es un expediente con trece nombres.
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